A principio del pasado mes de octubre, se anunció que la candidatura España-Portugal-Marruecos fue la elegida para recibir el Mundial 2030. Este hito para el deporte nacional y, más precisamente, del fútbol español abrió un debate que mantiene una carrera de fondo a día de hoy: ¿qué ciudades van a ser sede?
Al haber tres países recibiendo los mejores combinados nacionales, la distribución de las sedes es el primer problema a resolver entre los tres países. Para más inri, la FIFA anunció que el partido inaugural de Argentina, Uruguay y Paraguay se disputará en Sudamérica como homenaje por el centenario del primer mundial de la historia. Por tanto, un estadio menos en juego para cada país elegido. Otro problema es la final, la sede más anhelada por los tres países al ser el evento cumbre y concluyente del evento deportivo más seguido de la actualidad.
De esta manera, Portugal tendrá tres sedes, Marruecos cinco y España 10. Aunque no se hayan certificado el número en concreto, las tres candidaturas lusas son de estadios punteros en Europa y la duda se encuentra en si la cantidad de España y Marruecos variará. En esta incógnita, las decisiones finales se tomarán en cuenta en función de los criterios establecidos por la FIFA: tener un aforo de 40000 espectadores, ser de la categoría cuatro estrellas y tener disponibilidad total un mes antes del evento mundialista.
De las posibles 10 sedes españolas, hay 15 estadios en 13 ciudades que han presentado un proyecto para hospedar el Mundial: el Santiago Bernabéu y el Metropolitano en Madrid; el Camp Nou (en reformas) y el RCDE Stadium en Barcelona; San Mamés en Bilbao y Anoeta en San Sebastián; Balaídos en Vigo y Riazor en A Coruña; La Romareda en Zaragoza, El Molinón en Gijón, el Nou Mestalla en Valencia, La Rosaleda en Málaga, La Nueva Condomina de Murcia, el Gran Canaria en Las Palmas y La Cartuja en Sevilla.
TRES CANDIDATURAS EN JUEGO
Con los estadios candidatos madrileños, barceloneses, vascos y el sevillano casi asegurados, las opciones a elegir se reducen a tres. Así, hay ciudades que tienen más posibilidades que otras por temas de reformas o de financiación, por lo que hay unos que se postulan más favoritos que otros. El que parece que mejor evoluciona es el de la UD Las Palmas en gran parte por el apoyo económico e institucional tanto del Cabildo de Gran Canaria como el del gobierno de Canarias. A finales del mes de octubre, se presentó la marca corporativa «Las Palmas Mundial 2030» como representación de la candidatura. Además, el logo de esta marca se luce en la camiseta de la UD Las Palmas siempre que juega en casa. La solución gana enteros desde que el Cabildo anunció una inversión de casi 80 millones de euros para que el estadio llegue a los 44 mil espectadores y «otras remodelaciones varias» del estadio, tal y como se anunció por parte de la institución.

El buen hacer de la simbiosis UD Las Palmas-Cabildo de Gran Canaria contrasta con otras posibilidades. En el caso valenciano, el Valencia Club de Fútbol le comunicó a la Generalitat que no va a firmar el documento requerido por la RFEF para ser sede. Esto se debe a que, en caso de no cumplir lo firmado, la sanción se remite al club y la multa, tanto deportiva como económica, daría quebraderos de cabeza a la directiva ché. Por su parte, es el Ayuntamiento de Gijón el que se habría mostrado reticente a firmar dicho documento una vez escuchadas las intervenciones entre club, RFEF y Ayuntamiento.
Si descartamos definitivamente a las anteriores, quedarían Gran Canaria, Murcia, Málaga, A Coruña, Vigo y Zaragoza. El que parece que lo tiene más difícil es Murcia porque no parece haber un compromiso de las instituciones regionales por una nueva reforma del estadio y la RFEF no lo ve como una posibilidad muy real. El caso gallego es interesante para la federación por su ubicación cercana a las portuguesas y por ser estadios que requieren de pocas reformas (29000 Balaídos y 32000 Riazor). Con Málaga y Zaragoza, parece que son opciones posibles por ser estadios parte de la historia del fútbol español y con apoyo también de sus gobiernos regionales en el compromiso y la solvencia de llevar a cabo las promesas de reforma.
